La Convención toma una postura concreta en su artículo 24: “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.

 

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida” con un objetivo, hoy en día y lo decimos con tristeza algo utópico: “Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre” sobre todo en una temática tan particular como el acceso a la educación.

 

Para ello los Estados deberán asegurar que “las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad” y que puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan comprometiendo a los

Estados a realizar los ajustes razonables en función de las necesidades individuales.

 

El mismo derecho se declara respecto del acceso a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.

 

Respecto a las personas sordas se pide facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas y en particular que respecto de los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

 

Nos permitimos remarcar estas menciones interesantes a la formación de la personalidad y el rol que cumple en ella la identificación con la lengua.